Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación: la iniciativa contra la desinformación en España

El Consejo de Ministros de España  aprobó el 17 de diciembre una modificación a la ley del derecho de rectificación, extendiéndolo no solo a los medios de comunicación tradicionales, sino también a usuarios “de especial relevancia” con más de 100,000 seguidores o un total de 200,000 si se suman los seguidores de diversas plataformas deban rectificar noticias falsas. Esta reforma busca adaptarse a la evolución de los medios de comunicación y responder a la creciente preocupación por la desinformación en el ámbito digital.

El nuevo anteproyecto de ley orgánica sustituye la ley vigente de 1984 y tiene como objetivo “promover una mayor calidad en el debate público, facilitar y garantizar el derecho a la rectificación de los ciudadanos de nuestro país cuando se vean afectados por una información falsa”, explicó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Bolaños destacó que los “usuarios relevantes”, aquellos con un gran número de seguidores, “gozan de un alcance y repercusión equiparables al de los medios de comunicación tradicionales, configurándose como auténticos conformadores de la comunicación y de la opinión pública”. En este sentido, subrayó que "hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días contaminan nuestro debate público con falsedades", y que, por lo tanto, deben estar sujetos a la posibilidad de que sus contenidos sean rectificados, igual que los medios tradicionales.

La nueva ley, que forma parte del Plan de Acción por la Democracia aprobado en septiembre, establece que, aunque la rectificación debe centrarse en los hechos erróneos, en ciertos casos podrá incluirse una opinión o valoración necesaria para entender el contexto y evitar una interpretación parcial de los hechos.

Además, la ley contempla que las plataformas de internet deberán implementar mecanismos accesibles que permitan a los usuarios solicitar rectificaciones de manera directa e inmediata, asegurando la transparencia y el seguimiento del proceso. 

Con esta reforma, el Gobierno español pretende garantizar una información de calidad en el espacio público digital, buscando frenar la propagación de desinformación en las redes sociales.