La semana pasada el CEO de OpenAI (empresa creadora de ChatGPT), Sam Altman, testificó ante el senado de Estados Unidos para hablar acerca de la tecnología de su empresa y la urgencia de regular la Inteligencia Artificial en general. Cabe añadir que a diferencia de las participaciones de Mark Zuckerberg, CEO de Meta o Shou Zi Chew, CEO de TikTok, la participación de Altman en el senado fue bastante cordial y hasta aleccionadora, tal vez haya impactado positivamente la reunión que el CEO de OpenAI mantuvo con 60 congresistas unos días antes de la testificación o la posición privilegiada de OpenAI en el mercado y las preferencias de las personas.

En su aporte, Sam Altman urgió a los senadores a regular la Inteligencia Artificial, con un énfasis especial en prohibir los modelos de Inteligencia Artificial autoreplicables; tal urgencia incluye la necesidad de un mayor involucramiento político y legislativo ante el rápido avance de las tecnologías de Inteligencia Artificial, así como la creación de una agencia gubernamental especial dedicada a la regulación de la Inteligencia Artificial.

Más allá de los métodos de Alman para ganarse la simpatía del cuerpo legislativo o de su tradicional marketing a través del miedo y sensacionalismo, la urgencia de regular la Inteligencia Artificial es real; sin embargo, eventos como este son una muestra de la poca preparación del cuerpo legislativo para entender los retos que plantean tecnologías como la Inteligencia Artificial y lo fácil que puede resultar a las empresas el incidir en la forma en la cual las regulan.

Pese a la evidente necesidad, actualmente no existe un enfoque único y coordinado para regular la Inteligencia Artificial, sino que al día de hoy hay una variedad de enfoques, la mayoría de éstos enfocados en atender sólo algunas áreas que abarca dicha tecnología.

Uno de los esfuerzos regulativos más extendidos a nivel internacional son las diversas estrategias nacionales para la implementación de tecnología de Inteligencia Artificial, incluido el caso de México; sin embargo, tales esfuerzos sólo intentan preparar el escenario económico-institucional para la adopción de tecnología basada en Inteligencia Artificial, así como para su implementación industrial, dejando de lado aspectos regulativos complejos y necesarios.

Más allá de las estrategias nacionales para la implementación de Inteligencia Artificial, los esfuerzos internacionales para regular la Inteligencia Artificial son bastante variados y atienden diversos problemas: datos, ética, proceso de desarrollo, efectos sociales, entrenamiento de modelos, capacidad de procesamiento, aplicación de Inteligencia Artificial; en fin, los ejemplos sobran, aunque todos comparten el hecho que sólo atienden una parte de lo que podría considerarse tecnología de Inteligencia Artificial. También están aquellos casos en donde se imponen estándares bastante vagos, vacíos y poco realistas, un ejemplo de ello son los “Principios de la OCDE/G20 para la administración responsable de una Inteligencia Artificial confiable”, la cual establece principios como:

• La Inteligencia Artificial debería beneficiar a las personas y al planeta impulsando crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar.
• Los sistemas de Inteligencia Artificial deben diseñarse de manera que respeten Estado de derecho, derechos humanos, valores democráticos, y la diversidad, y deben incluir salvaguardias, por ejemplo, permitir que los humanos intervención donde sea necesario—para asegurar un trato justo y sociedad justa.
• Los sistemas de Inteligencia Artificial deben funcionar de manera robusta, segura y protegida.

Lo anterior evidentemente es vago, poco claro y bien podría caber dentro de la categoría de deseos y anhelos antes que dentro de la planeación de políticas públicas o el establecimiento de estándares regulativos medibles y cuantificables.

La dificultad de establecer marcos de regulación de Inteligencia Artificial a nivel internacional también se asocia a la geopolítica y las estrategias impulsadas por las regiones más influyentes en materia tecnológica, ya que mientras Estados Unidos promueve la auto regulación empresarial y una regulación gubernamental mínima (para, supuestamente, no afectar la velocidad de innovación); Europa promueve un enfoque más amplio, en donde la protección a los datos personales y la imposición de soberanía digital juegan un rol central; mientras que el enfoque de China o India consiste en una regulación gubernamental más fuerte, sectorial y enfocado en establecer y fortalecer la soberanía digital, especialmente para la creación de empresas y mercados digitales nacionales.

Además, buena parte de los enfoques actuales se asocian directamente a la auto regulación empresarial, sobre todo en ámbitos éticos, en donde las empresas deciden crear marcos de comportamiento y actuación que suscriben de manera voluntaria.

Lo anterior genera una serie de preguntas tales como ¿Por qué parece tan difícil la creación de marcos regulativos para la Inteligencia Artificial? ¿Qué se necesita para regular la Inteligencia Artificial? ¿Cuál es la influencia del sistema internacional en la regulación de la Inteligencia Artificial?

Para empezar, una de las razones más poderosas detrás de la incapacidad de regular la Inteligencia Artificial se deriva de una de las máximas del derecho: “no se puede regular aquello que se desconoce”, y es que en el caso de la Inteligencia Artificial esta situación es más que evidente, ya que al día de hoy se carece de un concepto de Inteligencia Artificial aceptado y homologado a nivel internacional; es más, entre la comunidad de expertos no existe siquiera un consenso en qué se podría considerar como Inteligencia Artificial o cómo desarrollar un producto que exhiba un comportamiento considerado como “inteligente”.

Mientras que para algunos la Inteligencia Artificial es un programa que emula el comportamiento e inteligencia humana en la resolución de problemas, para otros consiste en un sistema complejo que se compone de una serie de instancias interoperativas e interconectadas que tienen por objetivo la resolución de problemas por medio de la aplicación de métodos y comportamientos emulando la inteligencia humana. 

Por tanto, el primer paso para regular la Inteligencia Artificial sería discutir y crear definiciones claras sobre la tecnología que se intenta regular, dicha definición debería establecer las líneas de lo que se entiende como Inteligencia Artificial o no; además, ésta debería ser adaptable en el tiempo, ya que nociones como lo que se considera un comportamiento inteligente o autónomo cambian con el tiempo y conforme se masifican adelantos tecnológicos.

Tal definición debe establecer claramente las áreas que abarca la Inteligencia Artificial, especialmente a partir de un enfoque que pondere los elementos estructurales, ya que usualmente se le otorga gran interés a los efectos de la Inteligencia Artificial y se dejan de lado los riesgos y peligros presentes desde la construcción de la tecnología. En el caso de los elementos funcionales es importante que se aclare el impacto de la Inteligencia Artificial sobre otros sectores, ya que al tratarse de una tecnología habilitadora prácticamente se tendrían que regular todas las áreas asociadas a dicha tecnología (algo prácticamente imposible), por lo que se vuelve necesario el especificar los alcances de la Inteligencia Artificial y aquello que podría abarcarse con una legislación existente o que requiera el desarrollo de nueva regulación.

Además de un concepto claro y extenso, es necesario evaluar qué se puede regular y cuál es la efectividad de tal medida, ya que en casos como el de las voces que llaman por la regulación algorítmica, éstos olvidan que los algoritmos cambian constantemente y están protegidos por marcos regulativos como el copyright y la propiedad intelectual, por lo que su regulación sería poco efectiva con el paso del tiempo.

En general, la regulación de la Inteligencia Artificial es una tarea bastante compleja y requiere de la participación de diversas voces expertas que tengan en consideración aspectos no sólo técnicos, sino también políticos, sociales, económicos, geográficos y de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional; sobre todo en países como México, en donde la excesiva influencia del gobierno y las empresas estadounidenses han implementado una perspectiva única, la cual no le es del todo funcional al país, sino a los intereses exteriores de Estados Unidos.