Diversos medios de comunicación publicaron el 2 de octubre de 2022 un reportaje donde dieron a conocer, a partir de las filtraciones realizadas por el colectivo hacktivista Guacamaya, que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) adquirió en 2019 el “servicio de monitoreo remoto de información fincada a la empresa ‘Comercializadora Antsua, SA de CV’”, cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de 2019.

El reportaje publicado también daba cuenta de que  tanto un periodista de “Animal Político, como el periodista Ricardo Raphael y el activista Raymundo Ramos, fueron espiados por el software pegasus en diversas ocasiones entre 2019 y 2020, por lo que éstos interpusieron una denuncia el 3 de octubre ante la Fiscalía General de la República, luego de dar una conferencia de prensa en la que culparon a la SEDENA del presunto espionaje.

En redes sociales y medios de comunicación, diversos comentaristas impulsaron la etiqueta #GobiernoEspía sumándose a la afirmación de que fue la SEDENA quién instaló Pegasus en los teléfonos de los periodistas y activista referidos, sin embargo, el reportaje no ofrece las pruebas suficientes para culpar a la SEDENA de este presunto espionaje, pues los archivos que en él se expone,  sólo documentan la contratación del “servicio de monitoreo remoto de información” según un contrato de la SEDENA con Comercializadora Antsua que no refiere Pegasus.

En el reportaje se infiere, pero no se prueba, que la SEDENA contrató Pegasus a Comercializadora Antsua, a partir de un documento filtrado ilegalmente donde la compañía Israelí NSO Group, desarrolladora del software espía, informa a la SEDENA que “Comercializadora Anstua era la única autorizada para representarla “de forma exclusiva”, lo que no significa, que esa empresa sólo preste el servicio de pegasus y no otros de “monitoreo remoto de información”.

Los autores de la investigación periodística también afirman que NSO Group sólo vende a gobiernos e instancias gubernamentales el software pegasus, por lo que a partir de esa afirmación infieren, sin comprobarlo, que el Gobierno de México y sus dependencias son los únicos que cuentan con este software en el país, y utilizan como prueba la declaraciones que el director de NSO Group ha hecho bajo juramento ante cortes de Estos Unidos en las que aseguró que su empresa sólo vende el sofware Pegasus a gobiernos para que realicen investigación sobre delitos graves o terrorismo

Las declaraciones del director de NSO Group también podrían utilizarse como pruebas de descargo, pues la investigación Pegasus Poryect documentó que en el pasado gobiernos de 10 países utilizaron pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, a pesar de que el director de la empresa dueña de Pegasus declare lo contrario

Si bien se documentó que la SEDENA adquirió el “servicio de monitoreo remoto de información”, quienes publicaron estos documentos filtrados por Guacamaya no prueban que la Secretaría de la Defensa Nacional contrató pegasus y tampoco prueban que fue SEDENA quien instaló pegasus en los periodistas y activistas que lo denunciaron.